En 2021, Enderson Figueredo solo le contó a su familia y a sus amigos más cercanos sus planes de salir de Venezuela. 

Figueredo, como la mayoría de los venezolanos, nunca quiso salir del país. Debatió sobre irse durante cinco años, pero al ver el continuo deterioro de sus derechos, oportunidades y calidad de vida y darse cuenta de que la crisis venezolana nunca iba a mejorar, supo que tenía que irse. Al amanecer, partió hacia Colombia y solicitó asilo y Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos.

Figueredo ahora tiene 30 años y ha vivido y trabajado en Dallas durante los últimos tres años. 

Pero pronto, es posible que muchos venezolanos no puedan vivir este sueño.

Con la decisión de la administración Trump de revocar el TPS para los venezolanos que lo recibieron legalmente en 2023, más de 500.000 personas corren riesgo de deportación, según NPR. 

“No hay libertad de prensa”, dijo Figueredo. “No hay libertades civiles. No hay libertad para ejercer tus derechos, y hay miles de venezolanos que han salido de Venezuela que sufren persecución política y no pueden regresar. Su regreso representaría un peligro para sus vidas y la de sus familias”.

Del 20 al 21 de enero, el presidente Donald Trump emitió múltiples leyes de inmigración con respecto al aumento de la afluencia de inmigrantes que cruzan hacia los Estados Unidos.

La mayoría de los inmigrantes estadounidenses provienen de países latinoamericanos como México, Venezuela, Colombia, El Salvador y más, y se mudan aquí para escapar de la agitación política o la violencia.

“Generalmente, las personas que emprenden este viaje han agotado todas las opciones para tener una óptima calidad de vida en donde residían antes de emprender ese peligroso trayecto,” dijo el cónsul mexicano en Dallas Francisco De la Torre, “por esa necesidad que tienen de migrar, las personas no esperan una autorización de parte del gobierno estadounidense para entrar al país y no dejan ese registro de entrada.”

Para muchas personas sin documentación, una vida mejor implica una fuente de educación buena y segura. Sin embargo, con las nuevas órdenes ejecutivas, este sueño podría ser cada vez menos posible de alcanzar. 

Mientras que la Política de Lugares Sensibles anterior, establecida por la administración Obama en 2011, protegía ciertos lugares como iglesias y escuelas, la nueva política permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registre esos refugios. 

“ICE puede entrar a una escuela secundaria, como lo han hecho, y recoger a los niños o hacerles preguntas a los padres relacionadas al tema,” dijo el abogado de inmigración Hussein Sadruddin.

La administración Trump afirma que la renuncia a la ley anterior se utiliza para perseguir a inmigrantes criminales. 

“Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) y ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a criminales extranjeros -incluidos asesinos y violadores- que han entrado ilegalmente a nuestro país. Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto,” dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado emitido el 21 de enero.

Después de que se aprobó esa ley, varios distritos estudiantiles y maestros han tratado de oponerse a ella para proteger a sus estudiantes. Algunos distritos como Alice ISD han advertido a los padres sobre qué hacer en caso de que sus hijos sean interrogados. 

“La mayoría de los distritos escolares del norte de Texas (particularmente en la zona urbana) en múltiples ocasiones dejaron claro que seguirán protegiendo los derechos de las niñas y los niños para que no dejen sus estudios y para escudar su identidad,” dijo De la Torre, “Esto es fundamental en Texas, porque como sabes, gran parte del estudiantado es de origen migrante. De hecho, el distrito escolar de Dallas es el distrito escolar bilingüe más importante de todo el país.” 

De la Torre también enfatizó que miles de personas se verán afectadas por estas leyes, especialmente considerando que Texas tiene 1.65 millones de inmigrantes ilegales según el periódico The Texas Tribune. El consulado se encarga de ayudar a los inmigrantes de México a realizar algún trámite en caso de deportación.

“(Ayudamos con la) documentación, que te ayuda para que tengas una identificación oficial del gobierno de México, principalmente el pasaporte,” dijo De la Torre, “Tu credencial escolar, por ejemplo, es una identificación. No obstante, en algunas ocasiones, la credencial de la escuela no es suficiente y tienes que presentar alguna credencial o documento que sea emitido por algún gobierno.”

Mientras enfrentan estos desafíos, los inmigrantes indocumentados también están sorteando otros obstáculos. Por ejemplo, la mayoría no puede utilizar Medicare ni los servicios sociales a pesar de trabajar y pagar impuestos.

“Eso significa que tienen que contribuir (al sistema social) para que el gobierno de Estados Unidos reciba miles de millones de dólares de individuos que nunca podrán aprovechar ese dinero que han puesto en el sistema”, dijo Sadruddin.

Aunque Figueredo actualmente no corre riesgo de deportación, entiende que la agitación para otros inmigrantes y su país está lejos de terminar. 

“Siempre va a haber alguien que esté en contra de lo que dice un político, pero un buen político hace lo que es mejor para la mayoría”, dijo Figueredo, “Ahora en el caso de quitar el TPS a los venezolanos, creo que esto es injusto para nosotros. Las medidas que se están tomando dejarán a más de 300.000 venezolanos sin protección y en riesgo de deportación”.